ACS, Acciona y Sacyr, a por el macroplan de carreteras.

Transportes lanza la primera concesión a 25 años, entre Alicante y Murcia, de un plan de inversiones que ascenderá hasta los 5.000 millones de euros si se completa con éxito.

El plan privado de carreteras vuelve a hacerse realidad después de estar guardado en un cajón más de tres años. El Ministerio de Transportes ha conseguido luz verde para relanzar la inversión pública con un plan que podría ascender a más de 5.000 millones de euros para modernizar 2.000 kilómetros de carreteras de alta capacidad.

El proyecto defendido por el Ministerio de José Luis Ábalos, después de superar las resistencias en Bruselas y de adaptarse las condiciones del sistema de contratación español, supone una inyección de optimismo para el sector de infraestructuras de transporte, muy tocado en 2020 por la caída de la licitación pública en el mercado doméstico debido al impacto del Covid.

Grupos como ACS, Sacyr, OHL, Ferrovial, Acciona y FCC, entre otros, han manifestado interés por participar en el plan que, por sus características, también atraerá a grandes fondos de inversión en infraestructuras como Ardian, Meridiam y John Laing, entre otros.

La primera concesión seleccionada por el Ministerio de Transportes para poner a prueba la iniciativa público-privada será la concesión de la autovía del Mediterráneo A-7, entre Alicante (Crevillente) y Murcia. En concreto, Transportes ha iniciado el trámite de la licitación con el sometimiento del estudio de viabilidad a información pública.

Los términos del contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación del tramo servirán de modelo para el resto de proyectos que el Gobierno espera licitar de manera escalonada.

El plazo de explotación será de 25 años. En el caso del tramo de la A-7, el consorcio encargado estará obligado a redactar los proyectos de construcción y ejecutar las obras del tramo B del arco Norte de Murcia, del tercer carril de la autovía A-7 entre Crevillente (enlace con AP-7) y el enlace de Orihuela, ambos en la provincia de Alicante, y entre el enlace de Orihuela y el enlace de Monteagudo (Murcia). Se trata de un corredor de casi 40 kilómetros de longitud con un presupuesto de inversión en obras de 200 millones de euros.

Según el Ministerio de Transportes, el contratista se encargará de realizar las obras de reposición y gran reparación para mantener las autovías en buenas condiciones de servicio en los 25 años de explotación. Además, realizará labores de conservación ordinaria, atención a la vialidad y explotación de la carretera.

Entre las novedades del nuevo contrato de concesión destaca que la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la construcción se llevará a cabo por parte de la Administración.

Por otro lado, el mecanismo previsto de retribución al concesionario consistirá en un canon mensual que varía en función del uso de la carretera, la seguridad vial, la disponibilidad y el porcentaje de la inversión realizada.

Ábalos ha conseguido extender los plazos de explotación de 10 años a 25 años, y también ha logrado que los inversores no asuman el riesgo de expropiación, una de las losas que provocó la quiebra de las autopistas de peaje radiales. Pero el ministro no ha cedido en mejorar la rentabilidad de los proyectos, limitada por la actual ley de desindexación de la economía.

Según ese límite legal, la tasa de descuento se referencia al bono español a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. A los precios actuales, la rentabilidad se situaría en el 2,3%, muy baja para abordar proyectos con riesgos de construcción y de disponibilidad, según las empresas. «Si no se mejora la rentabilidad es más difícil atraer el interés de los inversores», alertaron hace unos días desde la patronal Seopan, que propone como solución que sean los órganos de contratación públicos los que, a la vista de los costes reales del mercado financiero, sean los que fijen la tasa de descuento.

Desde el Gobierno opinan lo contrario y están seguros de que habrá interés inversor por los proyectos, que irán saliendo de manera escalonada.

El relanzamiento del plan de carreteras, que supone una adaptación del viejo Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que el expresidente Mariano Rajoy presentó en agosto de 2017, se apoya totalmente en la iniciativa privada.

Aunque algunos miembros del Gobierno se han manifestado en contra de las fórmulas de colaboración público-privada, Ábalos ha conseguido sacar adelante el plan privado después de que las carreteras se hayan convertido en el hermano más pobre de los distintos modos de transporte por culpa de su componente medioambiental. En concreto, las carreteras españolas han salido mal paradas en el reparto del mecanismo de recuperación de la UE, más conocido como Next Generation. España presentó en 2020 proyectos por valor de más de 2.000 millones de euros, de los que quedaron excluidos de la lista 1.100 millones de euros relacionados con nuevas actuaciones, firmes y mejora de la luminosidad.

La falta de interés del Gobierno por los sistemas concesionales queda reflejada en el balance de licitación de 2020. En total, se licitaron inversiones por 50 millones a través de este tipo de contratos, de los que apenas cuatro millones (Puertos) correspondieron al Gobierno central. El año pasado fue negro para la obra pública en general, con una caída de la contratación del 43%, hasta 6.350 millones de euros. Las previsiones apuntan solo a un ligero repunte este año gracias a la aportación extraordinaria recogida en presupuestos del mecanismo de recuperación de la UE para proyectos de movilidad.

Con el impulso al sistema concesional, el Gobierno salva esas restricciones presupuestarias. En principio, Transportes quiere abordar el plan proyecto a proyecto a medida que estén maduros los trabajos, aunque según las fuentes consultadas, ya están contempladas actuaciones sobre más de 20 grandes corredores. Además del corredor levantino lanzado, se encuentran en rampa de salida más trazados que suman inversiones por unos 1.800 millones de euros. Entre ellos, destacan la circunvalación A-30 de Murcia, nuevos tramos de la A-7 a su paso por Castellón y la autovía entre Burgos y Aguilar de Campoo (Palencia).


Fuente: Expansión.